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Román Rodríguez

Esto nos jugamos en las elecciones del 24 de mayo. Sabemos cuáles son las circunstancias que atraviesan las Islas. Con un desempleo superior al 31%. Un tercio de la población en situación de pobreza. Crisis en los servicios públicos pese al denodado esfuerzo de sus trabajadores. Un modelo energético caduco con una muy baja presencia de las renovables.

Por causas exteriores, como el maltrato por parte del Estado en la financiación autonómica (acordada en 2009 por el Ejecutivo canario CC-PP con el Gobierno estatal del PSOE y que supone para Canarias 800 millones de euros anuales menos que la media de las CCAA de régimen común), el Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos económico sistemáticamente incumplido por los gobiernos estatales y en los Presupuestos Generales del Estado que, especialmente en esta legislatura, están castigando a Canarias.

Pero, asimismo, con significativas responsabilidades internas de sus gobiernos (CC-PP o CC-PSOE) que se han empeñado en implementar políticas que no ponen en primer plano el interés general, descapitalizando a los servicios públicos, defendiendo los combustibles fósiles y desprotegiendo el territorio; y, también, por la mala gestión de los recursos.

Se pueden dejar las cosas como están y votar a los partidos que han gobernado las dos últimas legislaturas, que han recortado cientos de millones de euros de la sanidad o la educación, despedido trabajadores públicos; mal gestionado la ley de la dependencia y las políticas de vivienda además de situar la presencia de las renovables en un ridículo 6%.

Se puede volver a apoyar a los que se han sentido campeones del austericidio y del cumplimiento del déficit, aunque fuera a costa de incrementar las penurias de los ciudadanos y ciudadanas, con menos prestaciones sociales, inversión pública y empleo; e insuficientes actuaciones frente a la pobreza.

Pero se pueden, también, tomar decisiones para tratar de cambiar las cosas, plantear otras prioridades y desarrollar otras políticas bien distintas, dirigidas a la mayoría social.

Listas de espera

Y en lugar de obsesionarse exclusivamente con reducir el gasto, implementar fórmulas para que las administraciones públicas dispongan de más recursos para acabar con las listas de espera, romper con el colapso de las urgencias, disponer de una adecuada oferta para la educación infantil 0-3 años o contar con especialistas para los niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

Y eso supone –si queremos disponer de suficientes ingresos- combatir el fraude, recaudar de manera eficiente, contar con una fiscalidad progresiva y justa. Así como exigir la revisión de la financiación autonómica y el cumplimiento del REF.

En lugar de apostar por el gas, se puede y se debe optar por las energías renovables, que garantizan una mayor calidad ambiental, menor dependencia con el exterior y menor costo.

Crédito

Se debe estimular la economía y el empleo, planteando, entre otras medidas, crear un consorcio canario de crédito, dirigido a captar recursos estatales y europeos para realizar préstamos a las pyme con garantías y en condiciones justas. Unas pequeñas y medianas empresas determinantes en nuestro tejido económico y en el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo.

Defender consecuentemente la I+D+i para acabar con un discurso gubernamental que contrasta con su práctica de las reducciones presupuestarias permanentes, con su práctica de preponderancia del cemento frente al talento.

Cohesionar al Archipiélago con un billete aéreo único, que no haga distingos entre islas capitalinas y periféricas. Y exigiendo una tarifa máxima en los viajes al resto del Estado.

Afrontar con rigor el problema de la pobreza. Apostando por una renta básica para esas casi 50.000 familias canarias que carecen de cualquier tipo de ingresos. Legislando adecuadamente para frenar los desahucios; a través de la mediación con ficha financiera para poder abordarla. Y, para esas 36.000 familias demandantes de vivienda, con la puesta en marcha de un plan de vivienda pública de venta y alquiler.

Hay que mejorar sustancialmente la calidad democrática. Endureciendo las incompatibilidades y prohibiendo las puertas giratorias. Reformando el injusto sistema electoral canario e implantando las consultas ciudadanas.

La tarea no es fácil. Implica alcanzar alianzas políticas y sociales muy amplias. Pero, sobre todo, precisa de una clara orientación de las políticas. Cabe hacer más de lo mismo y eso es lo que van a hacer los que durante esta crisis han aplicado sin rubor políticas de recortes de lo público que han sufrido los trabajadores públicos y los usuarios de la sanidad o la educación.

Pero es posible también establecer bases sólidas para modificar sustancialmente una realidad marcada por la falta de equidad, con los salarios, las prestaciones sociales y las pensiones más bajas del Estado, con elevado desempleo y pobreza. Uniendo, además, fuerzas en Canarias para defender nuestros derechos en España y en la Unión Europea.

Lo que los ciudadanos y ciudadanas decidan con su voto el próximo 24 de mayo posibilitará abrir o no el camino para esas transformaciones que Canarias precisa para avanzar en el empleo, la sanidad, la educación o la aplicación de la ley de dependencia. Se trata de optar. De aquí en adelante más de lo mismo o, por el contrario, un profundo cambio político.

Román Rodríguez es candidato de NC a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

 

 

Román Rodríguez

El centralismo y el autoritarismo, así como las decisiones contrarias a la protección del territorio y el medio ambiente, no son una exclusiva del Gobierno central. En esta legislatura hemos tenido sobradas muestras de comportamientos similares en el Ejecutivo canario, que parece limitar sus reivindicaciones democratizadoras y ecologistas sólo a la consulta sobre las prospecciones petrolíferas. Pero, a la vez, impide que se debata sobre el sistema electoral o no toma en consideración la propuesta del Cabildo de Gran Canaria sobre la ley turística. Ahora la historia se repite con la Proposición de Ley (PPL) de Nueva Canarias en Defensa del Suelo Rústico y la Autonomía Municipal de La Laguna.

En efecto, tal y como ocurriera inicialmente con la ley de iniciativa popular de educación, aunque después por presiones rectificaron, el Gobierno se muestra en contra de la toma en consideración de esa PPL. Una proposición inicialmente presentada en el Ayuntamiento de La Laguna por el concejal Santiago Pérez (Por Tenerife) y aprobada por unanimidad en esta corporación, en sesión presidida por su alcalde y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno en 2015, Fernando Clavijo. Y que plantea modificar los planes insulares que condicionan gravemente el planeamiento municipal de La Laguna, como es el caso de la construcción de vías innecesarias, acabando con buena parte del espacio agrícola y ganadero de Aguere.

El argumento del Gobierno es netamente político y no se ampara, como dice el reglamento, en el coste presupuestario de la proposición de ley. Entiende que no se debe derogar el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife porque la no realización de las infraestructuras previstas empeorarían las comunicaciones de área metropolitana; y señalan que, según ellos, sin la autopista exterior no se culminaría el cierre del anillo insular. Algo que muchos expertos cuestionan y que, como nosotros, tampoco comparten todos los grupos municipales de La Laguna, incluidos CC y PSOE.

Intromisión

En primer lugar, hay que destacar que la decisión del Gobierno es una clara intromisión en la autonomía del Parlamento. Aunque el criterio del Ejecutivo no obliga a los grupos parlamentarios sí que condiciona la decisión de los grupos que le apoyan. Y eso es lo que pretende, puesto que no hay argumento del coste presupuestario de la PPL que justifique esa negativa, que es la competencia que le da el reglamento de la Cámara.

Además, si por la voluntad de los grupos de CC y PSOE ni siquiera se toma esta PPL en consideración se ahondará el alejamiento del Parlamento de la ciudadanía. Mientras en los discursos se habla de fomentar la participación política, de acercar el Parlamento a la sociedad y de más transparencia, en la práctica se hace justo todo lo contrario.

Hay muchos ejemplos de ello. Se rechazó la toma en consideración de proposiciones de iniciativa popular (como la del puerto de Granadilla en la legislatura pasada o el intento de rechazar la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de Educación canaria, en la actual). Se impidió la toma en consideración de la PPL de corporaciones locales como la del Cabildo de Gran Canaria para modificar la ley de renovación turística; no se permite que se tramiten las proposiciones de otros grupos, como la de NC para modificar el sistema electoral… y ahora se pretende impedir que se tramite una PPL aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de La Laguna.

Además, esta decisión del Gobierno de Rivero supone una completa desautorización al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, a su vez candidato de CC a la Presidencia del Gobierno en los próximos comicios autonómicos de mayo de 2015.

Además, parece poco compatible ”el modelo medioambiental” del que presume el Gobierno canario en su discutida pregunta de la consulta sobre el petróleo y su defensa de seguir replicando carreteras en el territorio, claramente innecesarias, en contra de los criterios contemplados en la legislación en vigor. Haciendo caso omiso de las Directrices Generales de Ordenación 84.1, 85.1, 86.3 a) y b), 95.c) y 97.3 sobre definición y ejecución de infraestructuras, aprobadas por la Ley 19/2003, como criterios para abordar el problema de la movilidad.

Lo nuestro

Asimismo, casa muy mal la opinión del Ejecutivo canario con la defensa del suelo rústico que suele hacer en ferias agrícolas y en la defensa de “lo nuestro”, que se convierten en declaraciones vacías y electoreras, mientras desconocen y desprecian las Directrices Generales de Ordenación 58.2.c, 62.1 y 67.1 sobre protección del suelo rústico. O facilitan la comercialización de vino peninsular haciéndolo pasar por canario, en lo que es una competencia desleal y un engaño a los consumidores.

Por último, tampoco parece muy coherente traer al Parlamento un proyecto de Ley sobre los ayuntamientos para incrementar su autonomía y sus competencias y que pretenda ser el Gobierno quien defina el modelo viario de La Laguna, cuando sabemos que condiciona más una carretera (máxime de la importancia de la autopista exterior) que un Plan General.

Desde Nueva Canarias seguiremos, por tanto, apoyando la decisión de proteger el suelo rústico lagunero, adoptada por el pleno de su corporación municipal y apoyada por las organizaciones agrícolas y ganaderas, así como por la plataforma ciudadana que durante muchos años ha trabajado coherentemente por un modelo de ciudad equilibrado. Seguiremos defendiendo la autonomía de su Ayuntamiento. Seguiremos oponiéndonos a quienes aplican un modelo desarrollista, autoritario y centralista. Seguiremos exigiendo al Gobierno canario que rectifique y al Parlamento que no impida su debate en la Cámara.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

 

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