26 de enero de 2012
Critica el “ramalazo conservador” y pide que las decisiones se adopten por consenso con la oposición y los sectores implicados
Pedro Quevedo, diputado de CC-NC en el Congreso, valora las reformas anunciadas por el ministro de Justicia como “retrógradas” ya que suponen un giro ultraconservador de la administración de Justicia que es “reprobable”.
El diputado nacionalista expresó en su cuenta de twitter (@PedroQuevedoIt) el nivel de conservadurismo de las medidas. En relación a la propuesta que hace para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos exclusivamente por los jueces, Quevedo no entiende que Gallardón hable de neutralidad de los magistrados “cuando todo el mundo sabe que hay jueces de derechas y de izquierdas” y que priman más los primeros que los segundos, por lo que esta medida supondría garantizar el control de los conservadores sobre este órgano.
En opinión de Quevedo el ministro debe consensuar las reformas en la administración de Jusiticia en vez de “aprovecharse de la mayoría absoluta” del PP y aplicarlas de forma unilateral. Está de acuerdo con que “hay que revisarlo y mejorarlo”, pero entiende que lo que ha propuesto Gallardón es un retroceso respecto a lo que existe y pone como ejemplo la obligación de que las menores que quieran abortar tengan que tener el permiso de sus padres, una medida que además genera un conflicto con el hecho de que se reduzca la edad penal de los menores.
Inadmisible
El incremento de las tasas judiciales a partir de la segunda instancia “es una medida excluyente y discriminatoria” para las personas con menos recursos, asegura el diputado de CC-NC, que añade que “es inadmisible” que un servicio tan elemental como la Justicia dé la espalda a los más vulnerables, y menos en el contexto económico actual.
Quevedo también considera inaceptable la propuesta de que se reinstaure la cadena perpetua. “Supondría un retroceso en el tiempo, una involución respecto a los países del entorno y a la propia historia de España”. En su opinión esta decisión, así como la de rebajar la edad penal del menor, está motivada por la presión de un sector de la opinión pública respecto a los casos de Marta del Castillo y de la niña Mari Luz (Cortés). Sin embargo, Quevedo entiende que no se puede legislar en base a la excepcionalidad sino a la generalidad.