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Román Rodríguez

La prolongada y dura crisis económica ha contribuido a que se comience a popularizar un nuevo concepto, el de la pobreza energética. Con origen en el Reino Unido de los años noventa del pasado siglo, se definió inicialmente como la incapacidad de una familia para poder cubrir las necesidades de su hogar en materia energética con el 10% de su renta.

En la pobreza energética confluyen tres factores: los ingresos familiares, los costos de la factura y la mayor o menor eficiencia energética de la vivienda. Según los expertos, en el mundo afecta a 1.300 millones de personas, fundamentalmente, en países en vías de desarrollo, pero también a 120 millones de ciudadanos de la desarrollada Europa.

En España, tal y como denuncia la asociación de consumidores Facua, las tarifas de un consumidor medio (4,4 kW de potencia contratada) se han incrementado más de un 75% en los últimos diez años, con gobiernos del PSOE y del PP, y con los mayores incrementos en la etapa de Zapatero, entre los años 2008 y 2011, en que pasó de 55,30 euros mensuales a 78,69. Una circunstancia que también afecta a las empresas, especialmente a las Pymes, complicando su competitividad y poniendo en peligro su propia pervivencia.

Las subidas en el precio del recibo de la luz han sido constantes desde el comienzo de la crisis económica. Es decir, en un período con más gente que ha visto reducidos sus ingresos, por encontrarse en desempleo o por sufrir significativas bajadas salariales, un elemento básico para el normal desarrollo de la vida cotidiana no ha dejado de encarecerse. Hay que recordar que en 2012 se cortó la luz por falta de pago a 1,4 millones de consumidores.

Se calcula en cuatro millones las personas que hoy sufren la pobreza energética en el Estado español, que cuenta con la tercera tarifa eléctrica más cara de la Unión Europea, sólo por detrás de Chipre y Malta. Con un sistema completamente privatizado, en manos de multinacionales a las que sólo les preocupa la cuenta de resultados, cuando otros países, como Francia, el 85% está en manos públicas.

Fracaso

Sin duda, el sistema eléctrico es uno de los grandes y graves fracasos de los distintos gobiernos españoles de las últimas décadas, al incrementarse exponencialmente el costo para los consumidores y, paralelamente, aumentar el déficit tarifario que paga el sector público, que pagamos también los ciudadanos.

Algo que es más grave, aún, en Canarias, con el 35% de paro EPA, elevada pobreza y los salarios más bajos del Estado. Como respuesta, el Gobierno canario ha invitado a los usuarios a que reduzcan la potencia contratada. Una solución nada rigurosa, que no aborda el problema y que, incluso, puede salir bien cara. Y que ha sido cuestionada por los técnicos, por la Federación Canaria de Municipios y por el Ministerio de Industria.

El Ejecutivo canario tiene también responsabilidades en el ineficiente y costoso sistema eléctrico canario. Este Gobierno de CC y PSOE acordó con el ministro de industria, José Manuel Soria, la ley de los sistemas eléctricos insulares, mientras que este mismo texto era censurado en el Congreso de los Diputados, a través de sendas enmiendas a la totalidad, por Nueva Canarias, Coalición Canaria y el PSOE.

Asimismo, hay que recordar que Nueva Canarias, a través de su diputado Pedro Quevedo, apoyó en el Congreso la propuesta de la Izquierda Plural para adoptar medidas contra la pobreza energética, entre otras impedir que se interrumpa el suministro de gas, electricidad o agua en determinados casos de impago o implantar una tregua invernal que ya se aplica en otros estados europeos. Una propuesta, apoyada por todos los grupos salvo el PP, que incluía también la bajada de impuestos en el recibo de la luz.

Enmienda

Si el Gobierno canario quiere, de verdad, ayudar a las familias que padecen la pobreza energética tiene que hacerlo con rigor y eficacia. Con dos medidas elementales: bajando los impuestos en la factura eléctrica de las familias más vulnerables e impidiendo que se corte la luz a quienes carecen de recursos.

Esa es la propuesta que plantea Nueva Canarias, mientras que la que otros grupos llevan al Parlamento elude alguno de los aspectos centrales, la bajada del IGIC, en rotunda contradicción con lo que defendieron en las Cortes.

De lo contrario, de aprobarse una propuesta descafeinada, todo quedará, lamentablemente, en una mera declaración de intenciones, sin la adopción de compromisos efectivos por parte del Gobierno de Canarias y sin efecto práctico alguno sobre el sufrimiento de las miles de personas afectadas por la pobreza energética.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

 
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