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Román Rodríguez

En Canarias y en España hay en estos momentos dos gobiernos en clara minoría parlamentaria. En lo que respecta a nuestra Comunidad con apenas el 17% de apoyo ciudadano en las urnas y sustentado en solo 21 de los 60 escaños de la Cámara canaria (los 18 de Coalición Canaria y los tres de ASG), pero que ha sobrevivido gracias a la alternativa colaboración, por activa o por pasiva, de los dos grandes partidos estatales: PSOE y PP. En el Gobierno central, con más porcentaje de apoyo ciudadano, pero con solo 84 diputados y diputadas en el Congreso que forman parte del partido de Gobierno, el PSOE.

El pasado lunes 16 de julio el Ejecutivo de Pedro Sánchez sufría su primera derrota parlamentaria en la votación en el Congreso de los Diputados de los consejeros que faltaban para completar el órgano de dirección de RTVE. La ausencia de dos diputados y el error de otros dos propició que no saliera adelante la propuesta y que decayera la dirección transitoria pactada entre PSOE y Podemos, así como el PNV. Con tan exigua mayoría cada voto resulta imprescindible y ninguno puede ser despreciado.

Aunque manteníamos y mantenemos criterios dispares sobre cómo se ha procedido en la elección de consejeros y consejeras, con un gran peso de las afinidades políticas y no de otros criterios más relevantes y adecuados, como deben ser la profesionalidad e independencia de los candidatos y candidatas, nuestro diputado Pedro Quevedo votó favorablemente. Por entender que, pese a los errores cometidos, resulta imprescindible y urgente modificar la situación de la radiotelevisión pública tras un largo período de sectarismo y de control partidista que ha afectado gravemente a su credibilidad. Y, además, porque el Gobierno procedió, como exigíamos, a desbloquear la subvención del 75% a los billetes aéreos y marítimos entre Canarias y el resto del Estado.

Ahora, tras el grave tropiezo, corresponde al Gobierno proponer una persona que actúe como administrador único, mientras se elige por concurso un nuevo consejo de administración tal y como establece la Ley que aprobamos en 2017. PSOE, Podemos y PNV han acordado que la candidata a administradora sea Rosa María Mateo, una veterana y prestigiosa profesional. Después, en aplicación de la Ley, hay que elegir un Consejo y un presidente por concurso público, sistema que NC también defiende para RTVC. Para transformar la actual situación y dar paso a una televisión y radio públicas no sujetas al capricho del Ejecutivo de turno, que responda a la plural sociedad española a la que debe servir y, además, cuente con sus buenos profesionales.

 

Debilidad
Esa primera derrota parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez debe servir de reflexión. Confirma la enorme debilidad parlamentaria del Gobierno, con los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista, muy lejos de los 176 que otorgan la mayoría absoluta. Y que están por tanto obligados, en las distintas propuestas llevadas a la Cámara, a establecer un permanente y fluido diálogo con el resto de los grupos que posibilitaron el éxito de la moción de censura. Cosa que, por cierto, no se hizo en el caso de RTVE, zanjado con un acuerdo PSOE-Podemos a los que los demás grupos estaban, por lo que parece, obligados a mostrar su inquebrantable adhesión. Mal comienzo.

El Gobierno debiera ser muy prudente en todas sus acciones. Para establecer la máxima estabilidad, sabedor de las dificultades que presenta el próximo período, así como del nulo interés de los dos grandes grupos de oposición, PP y Ciudadanos, en buscar entendimientos, más bien todo lo contrario al estar enfrascados en una dura lucha para establecer quién gana más espacio en la derecha española, lo que les lleva a enarbolar un lenguaje catastrofista y en pelearse para ver quién hace más dura oposición. Y este primer tropiezo, en el que PSOE y Podemos discrepan sobre su posible intencionalidad, debiera servir para rectificar y generar condiciones para que no se vuelva a repetir.

Por otra parte, nos preocupan las relaciones del Ejecutivo estatal con Canarias. Los primeros pasos del nuevo Gobierno han sido decepcionantes. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha llenado de gloria con su inicial intento de diferir hasta 2019 el acuerdo que permite a los residentes en Canarias viajar en barco y avión hacia otras comunidades autónomas con una bonificación del 75%.

Esta conquista histórica, propuesta, defendida y ganada por Nueva Canarias en sus negociaciones con Rajoy para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, se puso en marcha con un retraso de casi dos semanas por el empecinamiento del ministro que sigue planteando que el descuento no afecte al conjunto del billete, sino a la tarifa bonificable. Como se recoge en la primera propuesta de Decreto que plantean, rechazada por el Parlamento canario de forma unánime, y que persiste de manera sutil en una segunda redacción, lo que nos ha obligado a convocar un pleno la próxima semana. Esperamos que sea adecuadamente corregido.

Posteriormente, el Gobierno canario ha anunciado que el Ministerio de Transición Ecológica aplaza 'sine die' los acuerdos pendientes: la firma del protocolo para los próximos 12 años, los convenios cuatrienales y las partidas correspondientes para este ejercicio de 2018. La Delegación del Gobierno desmintió esa situación, asegurando que no se recortarán las partidas y que se mantendrá el convenio. Controversia que debe ser aclarada de inmediato.

Además, se ha detectado una tercera complicación que afecta a los ayuntamientos y cabildos que, disponiendo de créditos consignados en las cuentas públicas estatales para este año 2018, en torno a 100 millones de euros, empiezan a tener dificultades para suscribir los convenios y, sobre todo, con el tiempo de ejecución de las obras o servicios afectados, que es preciso gestionar en los próximos meses.

 

Olvido
Votamos favorablemente a la investidura de Sánchez en su momento y hemos
apoyado la moción de censura que le llevó al Gobierno por convicción y en cumplimiento de nuestros acuerdos electorales con el PSOE. Haremos el máximo esfuerzo desde nuestra modesta presencia parlamentaria para contribuir a la estabilidad y al cambio político. Pero nos preocupan las primeras actitudes del Ejecutivo con relación a Canarias que nos remiten a etapas pasadas de incomprensión y olvido.

Desde Nueva Canarias defendemos políticas progresistas que apuesten por un desarrollo sostenible y un empleo de calidad, que potencien los servicios públicos e impulsen la igualdad entre mujeres y hombres, así como una mayor calidad democrática y una revisión del modelo territorial del Estado. Y estamos comprometidos en esa línea de actuación en Canarias y en Madrid.

Con la misma firmeza y convicción no vamos a permitir que se vuelva a maltratar a esta tierra. Exigimos el cumplimiento de lo acordado en los PGE 2018, muy positivos para Canarias, que corrigen negativos tratamientos y nos acercan más a la situación de la ciudadanía y de las empresas del territorio continental español. Acuerdos que el actual Gobierno, sin subterfugios ni injustificadas dilaciones, debe cumplir en todos sus términos. Reivindicamos que en las próximas cuentas públicas estatales se mantenga un adecuado trato, consolidando los avances conseguidos. Y recordamos, asimismo, que cumplir con la Ley de Presupuestos no tiene ningún mérito: es una ineludible obligación.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 
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