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El concejal no adscrito de la capital palmera reclama al Ayuntamiento que se dirija al Gobierno canario y al Ministerio de Industria para combatir la pobreza energética

El concejal nacionalista no adscrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Alejandro Hernández ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, en la que reclama que, ante la situación de pobreza energética que afecta a miles de familias canarias y que se ven amenazadas por el corte del suministro eléctrico en sus viviendas, el Consistorio solicite al Gobierno de Canarias y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que reduzca o deje exento de impuestos en la factura eléctrica a las familias más vulnerables e impida el corte de luz a quienes carecen de recursos y se encuentren en situación de exclusión social.

El concejal capitalino reclama que se adopten medidas eficaces en esta materia y los acuerdos no queden en meros ejercicios de buenas intenciones, dado que atañen a la parte más vulnerable de la sociedad. Especialmente en este contexto de crisis, que ha generado que se popularicer un nuevo concepto en Gran Bretaña, el de la pobreza energética. Con origen en el Reino Unido de los años noventa del pasado siglo, se definió inicialmente como la incapacidad de una familia para poder cubrir las necesidades de su hogar en materia energética con el 10% de su renta.

Hernández explicó que en la pobreza energética confluyen tres factores: los ingresos familiares, los costos de la factura y la mayor o menor eficiencia energética de la vivienda. Según los expertos, en el mundo afecta a 1.300 millones de personas, fundamentalmente, en países empobrecidos, pero también a 120 millones de ciudadanos de la desarrollada Europa.

En España, tal y como denuncia la asociación de consumidores Facua, las tarifas de un consumidor medio (4,4 kW de potencia contratada) se han incrementado más de un 75% en los últimos diez años. Una circunstancia que también afecta a las empresas, especialmente a las Pymes, complicando su competitividad y poniendo en peligro su propia pervivencia.

El concejal nacionallista recalcó que las subidas en el precio del recibo de la luz han sido constantes desde el comienzo de la crisis económica. “Es decir, en un período con más gente que ha visto reducidos sus ingresos, por encontrarse en desempleo o por sufrir significativas bajadas salariales, un elemento básico para el normal desarrollo de la vida cotidiana no ha dejado de encarecerse”, explicó Hernández, quien recordó además que en 2012 se cortó la luz por falta de pago a 1,4 millones de consumidores.

Se calcula en cuatro millones las personas que hoy sufren la pobreza energética en el Estado español, que cuenta con la tercera tarifa eléctrica más cara de la Unión Europea, sólo por detrás de Chipre y Malta. Con un sistema completamente privatizado, en manos de multinacionales a las que sólo les preocupa la cuenta de resultados, cuando otros países, como Francia, el 85% está en manos públicas.

El edil destacó que “el sistema eléctrico es uno de los grandes y graves fracasos de los distintos gobiernos españoles de las últimas décadas, al incrementarse exponencialmente el costo para los consumidores y, paralelamente, aumentar el déficit tarifario que paga el sector público y que, por tanto, pagamos también los ciudadanos”.

Una circunstancia que es, a su juicio, “todavía más grave, aún en Canarias, con el 33% de paro según la última Encuesta de Población Activa, elevada pobreza y los salarios más bajos del Estado”. Como respuesta, el Gobierno canario ha invitado a los usuarios a que reduzcan la potencia contratada, “una solución nada rigurosa, que no aborda el problema y que, incluso, puede salir bien cara. Y que ha sido cuestionada por los técnicos y por la Federación Canaria de Municipios”.

Hernández sostiene que el Ejecutivo canario tiene también responsabilidades en el ineficiente y costoso sistema eléctrico canario. “Este Gobierno acordó con el ministro de Industria la ley de los sistemas eléctricos insulares, mientras que este mismo texto era censurado en el Congreso de los Diputados, a través de sendas enmiendas a la totalidad, por Nueva Canarias, Coalición Canaria y el PSOE”.

Asimismo, recuerda que su formación política, Nueva Canarias, apoyó en el Congreso la propuesta de la Izquierda Plural para adoptar medidas contra la pobreza energética, entre otras impedir que se interrumpa el suministro de gas, electricidad o agua en determinados casos de impago o implantar una tregua invernal que ya se aplica en otros estados europeos. Una propuesta, apoyada por todos los grupos salvo el PP, que incluía también la bajada de impuestos en el recibo de la luz.

 
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