Román Rodríguez

 

Como indicaba en un primer artículo, la Ley de Presupuestos consigna las partidas que hacen posible el desarrollo de las políticas educativas, sanitarias o de servicios sociales, así como el apoyo a los sectores productivos. Una Ley que incluye una previsión de ingresos y una autorización máxima de gasto en cada área. Destacaba, al respecto, las ficciones tejidas, por un excesivo optimismo del Gobierno de CC y PSOE, en torno a los ingresos previstos –tanto los procedentes del Fondo de Garantía para los Servicios Públicos Fundamentales, como los correspondientes a los impuestos- en el proyecto de Presupuestos de Canarias para 2012, que actualmente debate el Parlamento canario. Y hacía referencia a los insuficientes ingresos que Canarias tiene, fruto de una injusta financiación autonómica, del maltrato que recibimos en los presupuestos estatales y, asimismo, de una errónea y errática política fiscal. En esta segunda entrega apuntaré las medidas que, en mi opinión, se deben implementar para incrementar los ingresos y garantizar los servicios públicos, las políticas sectoriales y la inversión pública.

 

En primer lugar, exigir al Gobierno central que corrija la enorme injusticia que supone para Canarias tanto la financiación autonómica como la inversión establecida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En financiación autonómica, mal negociada por Soria siendo responsable de Economía del Ejecutivo, Canarias se encuentra 545 millones de euros anuales por debajo de la media estatal. Y, con respecto a los PGE, en este ejercicio de 2011 el Archipiélago está 242 millones de euros por debajo de la media de las CCAA, incumpliendo, por tanto, una vez más, el artículo 96 de nuestro REF.

 

Si hasta los comicios de mayo éramos los únicos denunciantes de este agravio, el Parlamento ya ha aprobado dos resoluciones, por unanimidad, exigiendo al Estado que Canarias esté en la media estatal en financiación y que se cumpla el artículo 96 del REF en los PGE. Porque nadie puede dudar de la relevancia que tendría para las Islas contar con esos casi 800 millones de euros anuales, posibilitando contar con un escenario de ingresos bien distinto y que nos permitiría acometer una política de gastos diferente.

 

Fraude fiscal

En segundo lugar, considero imprescindible una persecución contundente del fraude fiscal. La economía sumergida en Canaria supone el 28,7% del PIB, es decir más de 11.600 millones de euros, 5,4 puntos por encima de la media estatal y duplicando ampliamente la europea (12%). Reduciéndola solo en 10 puntos del PIB permitiría recaudar 1.530 millones para el conjunto de las administraciones que operan en Canarias.

 

Planteo, en tercer lugar, incrementar los ingresos fiscales competencia de la Comunidad Canaria, mejorando la progresividad fiscal, algo que es imprescindible que también se produzca en el ámbito de los que son titularidad del Estado. En nuestro caso pasa por modificar el tramo autonómico del IRPF, la reposición del de Sucesiones y el mantenimiento del de Patrimonio.

 

En ese sentido, propongo cambiar la escala autonómica del IRPF a aplicar a la base liquidable general. Actualmente hay cuatro tramos, siendo el último para el de 53.407 euros en adelante, que tributa al tipo marginal del 21,5%. Se podrían establecer dos nuevos: uno para la base liquidable entre 65.000 y 90.000 euros y otro a partir de esta última cifra; con tipos marginales superiores, como corresponden a un sistema progresivo para las rentas más altas. Según la última liquidación publicada por la Agencia Tributaria Estatal, la del año 2009, en Canarias hay 19.248 contribuyentes del IRPF que se encuentran en el ramo de renta entre 60.000 y 150.000 euros, 2.220 entre 150.000 y 601.000, y otros 113 con más de 601.000 euros. Comunidades del PP, como Extremadura y Murcia ya lo han hecho.

 

Propongo, asimismo, reponer, con las mejoras y actualizaciones precisas, el impuesto de Sucesiones y Donaciones, dejando sin efecto la bonificación del 99,9% establecida en la Ley de Presupuestos para 2008; lo que posibilitaría una recaudación en torno a los 35 millones de euros en los presupuestos para 2012.

 

Por otra parte, en su momento nos congratulamos de la recuperación, en el pasado mes de septiembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que en 2007 generó unos 40 millones de euros, y que fue borrado de un plumazo por Rodríguez Zapatero, lo que hizo que no se aplicara entre los años 2008 y 2010, con la consiguiente pérdida de ingresos para nuestra comunidad, al tratarse de un impuesto cedido. Restablecido con vigencia temporal durante los ejercicios de 2011 y 2012, supondrá, según las previsiones del Gobierno canario, 22,5 millones para las diezmadas arcas públicas. Elevando la cantidad que queda exenta de pagarlo de los 120.000 de Canarias a los 700.000 del Estado, beneficiando, por tanto, a los que menos tienen.

Imposición indirecta

En cuanto a la imposición indirecta, proponemos el mantenimiento entre el 0 y el 2% de los tipos reducidos del IGIC, es decir, los que afectan a elementos básicos como la alimentación o el transporte. Pero creemos que hay que subir el tipo general del 5 al 6%, y los tipos incrementados del 9% al 10% y del 13% al 14%. Esta medida permitiría mejorar los ingresos de la Comunidad Canaria y de las corporaciones locales, ya que los rendimientos de este tributo van un 42% a la CAC y un 58% a cabildos y ayuntamientos.

Es preciso recordar que el tipo general del IVA está en España en el 18%, trece puntos más que en las Islas, el reducido en el 8% y el superreducido en el 4%, tras la subida decidida por Zapatero en julio de 2010, siendo Canarias la única Comunidad que no vio incrementada su imposición indirecta. Defendemos el diferencial fiscal, pero no parece razonable que este haya aumentado en el último período. Además, no descarto que Rajoy decida nuevos incrementos en el paquete de medidas que anunciará tras su toma de posesión. Mientras, en Europa la media del IVA se sitúa en el 21%, y en Suecia, Noruega o Dinamarca alcanza el 25%. Italia acaba de situarlo en el 21% y Portugal en el 23%.

 

Asimismo, en nuestra enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad Canaria planteamos incrementar en dos céntimos la tarifa sobre la gasolina y estudiar una subida más significativa del tipo actual sobre el gasóleo para vehículos que no sean instrumentos de trabajo de sus propietarios; manteniendo los actuales beneficios fiscales para agricultores pescadores y transportistas.

 

En definitiva, estamos ante un Presupuesto de la CAC para 2012 sustentado en unos ingresos escasos e irreales que no garantizan el funcionamiento de los servicios públicos ni el estímulo a la economía y el empleo; y que, de no abordar con valentía la exigencia al Estado de una rectificación profunda en el trato que recibe Canarias y, paralelamente, afrontar una reforma fiscal progresiva en las Islas, llevarán a su inmediata revisión a la baja, al empeoramiento de la situación económica y al agravamiento de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de esta tierra. En una tercera entrega, abordaré el análisis de la orientación del gasto de este Presupuesto en los servicios públicos, las ayudas sociales, el apoyo a los sectores económicos y las inversiones públicas.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

 

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