Román Rodríguez

El Gobierno canario y su presidente vienen protagonizando preocupantes lapsus de memoria y manipulaciones flagrantes que se intensifican en el período reciente. Respecto a temas muy importantes, como el alcance de las modificaciones en el sistema electoral de las Islas, el desarrollo de algunos de los contenidos del recién reformado Estatuto de Autonomía y con relación a sus aportaciones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2017 y 2018.

También en el intento de bloqueo las dos iniciativas parlamentarias-presentadas por los grupos de Nueva Canarias (NC) y de Podemos- sobre la implantación de una renta básica de ciudadanía en Canarias. Dirigidas a combatir los elevados niveles de pobreza y de exclusión social que se dan en nuestro Archipiélago, líder entre las comunidades autónomas en pobreza, así como situados a la cabeza en bajos salarios y reducidas pensiones.

Hay que recordarle al Gobierno de CC lo que señala el artículo 24.1 del nuevo Estatuto: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes”. Y lo que recoge el 24.2: “Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”.

Sin embargo, Fernando Clavijo y los suyos, con la sensibilidad social que les ha caracterizado a lo largo de la legislatura (que no han tomado una sola medida para luchar contra los elevados niveles de pobreza y exclusión social que padecen las Islas y su incapacidad para sacarnos del permanente lugar de cola del Estado en la aplicación de la Ley de la Dependencia), han tratado de impedir que las dos propuestas sean debatidas en la Cámara canaria.

Lo que, además, pone en evidencia sus escasos valores democráticos. También lo han hecho cuando se propuso debatir la implantación de la ecotasa al impidir el debate de un asunto necesario, sentido y cada vez con mayores apoyos en la sociedad y en el Parlamento de Canarias.

 

Aforados

Otro tanto sucede con los aforamientos. El nuevo Estatuto puso fin a los mismos, acabó con la jurisdicción especial para los parlamentarios y Gobierno. El titular del Ejecutivo ha intentado evitar ser tratado como un ciudadano más en sus problemas con la justicia. Realizando un ataque, tan insólito como descabellado, a la Fiscalía, utilizando a la Presidencia del Gobierno para tal fin y llegando a apuntar a la existencia de una trama de los poderes estatales interesados, según CC, en que no fuera juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Haciendo lo posible y lo imposible para evitar que su caso, el Grúas, fuera trasladado a un tribunal ordinario. Al final, muy a su pesar, se ha impuesto la ley y está siendo investigado donde corresponde.

Por otra parte, estos días una campaña institucional del Gobierno de Canarias destaca que, con el nuevo Estatuto, “cualquier canario podrá elegir directamente al candidato a futuro presidente de Canarias, sin importar donde resida, a través de la lista autonómica”.

Falseando la realidad. El candidato o candidata a la Presidencia puede estar tanto en la lista archipelágica -que votan los electores y electoras de las siete islas- como en cualquiera de las planchas de los distintos partidos a las circunscripciones insulares. No hay parlamentarios de primera y de segunda. Todas y todos, los 70, son presidenciables. El artículo 48.1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias lo recoge de forma diáfana: “el Parlamento elegirá de entre sus miembros a la persona titular de la Presidencia”. Sin distinguir en qué lista, insular o archipelágica, ha sido electo.

Tratan de confundir a la ciudadanía, curiosamente, los que han impedido durante décadas que se modifique nuestro injusto sistema electoral. Los que, por este motivo, se cargaron la reforma del Estatuto en 2007. Los que no apoyaron la lista archipelágica de nueve diputados y diputadas. Los que durante todo el proceso de reforma estatutaria han intentado evitar la modificación del modelo electoral colocando todo tipo de obstáculos e impidiendo un cambio de mayor calado.

 

75%

Igualmente, como pudimos confirmar una vez más en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad, CC se atribuye conquistas que no le corresponden. Como sucede con el descuento del 75% en los viajes aéreos y marítimos interinsulares y entre nuestra comunidad y el resto del Estado, arrancados por Nueva Canarias y su diputado Pedro Quevedo en las negociaciones con el Gobierno estatal sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y para 2018. Una propuesta que, desde CC, negaron y que intentaron boicotear y que ahora, de forma desvergonzada, se atribuyen.

Una propuesta exclusiva de NC, como sucedió con el pago del cien por cien del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei)I adicional por el Estado, las ayudas al agua de riego agrícola y las correspondientes a los seguros agrarios. Además de las destinadas a la lucha contra la pobreza, que, en paralelo, logramos que se incorporaran al Régimen Económico y Fiscal (REF), obligando al Estado a mantenerlas mientras Canarias continúe por encima de la media española en pobreza y exclusión social, entre otras conquistas para Canarias y su gente.

Al mismo tiempo que no asumen sus responsabilidades, desde CC se han inventado distintos frentes como cortinas de humo ante su pésima gestión. Contra los catalanes por un presunto robo presupuestario sin base alguna. Contra los baleares y su Régimen Económico Balear (REB), para luego abstenerse en su aprobación. Contra las cuentas públicas estatales, antes de que se conociera su texto y sus contenidos. También contra el Cabildo de Gran Canaria y su presidente por sus políticas públicas, su defensa del interés general y su apuesta por las renovables y el rechazo al gas.

Coalición Canaria continuará falseando la situación de Canarias. Con la complicidad mediática, como hemos visto estos días con el tratamiento del caso Grúas por algunos medios, entre ellos, la Radio Televisión Canaria (RTVC), utilizada una vez más de forma partidista. Coalición continuará, además, tratando de incumplir el Estatuto de Autonomía y, de manera especial, su amplio capítulo de derechos de ciudadanía, así como intentando confundir respecto al nuevo sistema electoral.

CC seguirá desarrollando una campaña permanente para tratar de ocultar la realidad de una gestión de Gobierno que, en las mejores condiciones, con más recursos económicos que nunca, sigue condenando a Canarias y a su gente a estar a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Un Gobierno que ha hecho méritos más que sobrados para ser sustituido en los comicios del próximo 26 de mayo.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 
 
 
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