Román Rodríguez

Durante los últimos ejercicios económicos el Gobierno de Canarias se ha escudado en la falta de recursos para justificar sus políticas conservadoras de austeridad. Unas políticas de ajuste que han debilitado y deteriorado los servicios públicos y reducido de forma notable las inversiones públicas. Asimismo, ha faltado decisión para afrontar con rigor la creciente pobreza que se padece en nuestra tierra y que no remite con el crecimiento económico, sino que aumenta de manera importante.

En los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2018, el Ejecutivo de CC no puede seguir con esa táctica justificadora. Las circunstancias han cambiado. Lo hicieron ya este año con la aprobación en junio de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha permitido que Canarias dispusiera de un crédito extraordinario de 340 millones de euros adicionales presupuesto autonómico inicial y varios cientos de millones (hasta 707) para inversiones y políticas sectoriales, superando una larga etapa de maltrato. Por eso los apoyamos en las Cortes. Con compromisos que se proyectan también a 2018.

Los referidos acuerdos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, en los que Nueva Canarias (NC) jugó un papel muy relevante  -logrando el incremento al 75% del descuento en los viajes aéreos y marítimos interinsulares, el cien por cien de subvención en el transporte de mercancías o la suspensión del impuesto al sol- permiten que en las cuentas públicas canarias para 2018 se disponga de 663 millones adicionales respecto al presupuesto inicial de 2017.

Un notable aumento de ingresos que tiene su origen en la prórroga de los vigentes presupuestos estatales de 2017 y, al menos, procede de dos vías distintas. Por un lado la aprobación de la Disposición Final 19 de los PGE que permite a Canarias acceder al Fondo de Competitividad del sistema de financiación, al eliminar los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de la capacidad fiscal de la comunidad para acceder a este fondo. Por esta vía Canarias dispondrá de 416 millones de euros más que en el presente 2017.

Hemos pedido al Gobierno que esta partida se destine íntegramente a aumentar los presupuestos sanitarios en función de su gasto real, contribuyendo a superar la grave crisis que padece este servicio público esencial; también a converger al 4% del PIB en inversiones educativas, avanzando en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación; y, asimismo, a desarrollar los servicios sociales y poner en marcha un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social.

 

Inversiones

La otra vía de incremento de las cuentas canarias procede de ingresos de carácter finalista del Estado a la comunidad canaria. En concepto de estos ingresos el Archipiélago contará el próximo año con otros 247 millones de euros, que Nueva Canarias ha exigido al Gobierno de CC que se dediquen a inversiones productivas y a políticas sectoriales. Nos referimos a un potente plan de empleo, carreteras, infraestructuras hidráulicas, ambientales, turísticas y educativas.

Los 663 millones de euros del Fondo de Competitividad del sistema de financiación autonómica y de ingresos finalistas del Estado constituyen un punto de inflexión, tras años de maltrato a las Islas. Con la importancia añadida de que estos ingresos no computan a efectos de la limitación de la regla de gasto establecida para 2018 en el 2,4%. Estas circunstancias tan positivas para Canarias obtenidas en los presupuestos estatales de 2017 han estado muy condicionadas, evidentemente, por la minoría del Gobierno de Rajoy y por la gestión eficiente de Nueva Canarias, apoyada en la aritmética parlamentaria y en el decisivo voto de Pedro Quevedo, el diputado 176.

Estos ingresos estatales permitirán al Gobierno canario presentar unos presupuestos autonómicos muy expansivos, que supondrán un crecimiento de más de 700 millones de euros respecto a los iníciales de 2017. Son, sin duda, cantidades muy importantes que podrán elevarse sensiblemente, además, si la coyuntura política, hoy en medio de una crisis territorial sin precedentes, posibilita la aprobación parlamentaria de los PGE 2018 y sigue siendo decisivo el voto de los nacionalistas canarios.

 

Fiscalidad progresiva

Además de los ingresos provenientes del Estado están los ingresos tributarios propios de la comunidad canaria. En nuestras reuniones con el presidente del Ejecutivo, la consejera de Hacienda y el secretario general de CC, les hemos trasladado nuestra posición favorable a una fiscalidad progresiva sostenida en la que paguen más los que más tienen y, asimismo, los que hoy de forma fraudulenta no lo hacen. Somos, por tanto, contrarios a una rebaja lineal de los tipos del IGIC o del tramo autonómico del IRPF. Eso sí, podemos considerar reducciones impositivas vía deducciones o reducción de tipos para rentas bajas y consumos de primera necesidad. Continuamos defendiendo la recuperación del Impuesto de Sucesiones para grandes patrimonios y una tributación exigente  para rentas altas y consumos suntuarios. Y, en esa línea, hemos propuesto al Gobierno el aumento de los tipos incrementados del IGIC para consumos de lujo.

Además de hacer un esfuerzo para la persecución del fraude fiscal incrementando los medios técnicos y humanos en la Agencia Tributaria Canaria, en los servicios de inspección de turismo, en los de seguridad laboral, en consumo y comercio, así como en medio ambiente, que tienen hoy plantillas completamente insuficientes. También seguimos defendiendo la propuesta de crear una tasa turística, planteamiento que sigue rechazando el Gobierno de CC.

Para pronunciarnos de manera definitiva sobre nuestra posición en la tramitación de estas cuentas públicas, esperamos a conocer en su integridad el Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018, que el Gobierno llevará al Parlamento próximamente. Seremos muy exigentes en la orientación del gasto y en la gestión de estos recursos. Tanto en 2017 como en 2018. Canarias debe aprovechar la notable subida de ingresos para implementar políticas que repercutan en el empleo, en la mejora de los servicios públicos, en la minoración de sus altos niveles de pobreza y desigualdad, en inversiones productivas, y, en definitiva, en incrementar la calidad de vida de sus hombres y mujeres.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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