Para que la Justicia cumpla con su papel en una sociedad democrática, la de ser garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, es imprescindible que opere como un auténtico servicio público, sujeto al principio de eficiencia y eficacia en el desarrollo de su trascendental papel en la sociedad en la que vivimos.
Y ello no ocurre cuando los juicios se dilatan durante años, ocasionando a los afectados un perjuicio irreparable, como con tanta frecuencia nos muestran los medios de comunicación.
Por eso, y ante las carencias que aún presenta la Justicia en Canarias, consideramos preciso dotarla de la necesaria suficiencia presupuestaria, con el objetivo de garantizar la minoración de los tiempos de respuesta a los ciudadanos y las empresas, así como una más eficaz prestación de este esencial servicio público.